El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, firmó en Caracas un acuerdo para crear una Comisión Mixta que solucione el problema de las expropiaciones de tierras que afectan a 110 ciudadanos españoles en el país. Moratinos se reunió con ellos y les pidió que confíen en el Gobierno español. “¡Me creerán o no me creerán! ¡Me darán confianza o no me darán confianza! Pero les garantizo que como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación voy a proteger a todos los españoles en Venezuela cueste lo que cueste y lo vamos a hacer de la mejor manera, trabajando con confianza con las autoridades venezolanas”. Así de contundente fue Moratinos en la sede del Consulado General de España en Venezuela, en el marco de la visita oficial de tres días que realizó al país.

En la reunión celebrada con más de los 110 emigrantes españoles perjudicados, en la que también estuvo el embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, el ministro español de Asuntos Exteriores anunció el acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, para buscar la solución definitiva a los expedientes de los propietarios afectados. El seguimiento de los casos quedó en manos de una Comisión Mixta, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa de Venezuela, Alejandro Fleming, el embajador de España en Venezuela, Dámaso de Lario Ramírez, y el Cónsul de España en Venezuela, Aníbal Jiménez Abascal.

Hasta el momento las conversaciones que se realizaban con el Instituto Nacional de tierras (INTI) venezolano no han dado resultados positivos. Los afectados o no han recibido respuesta o no se les ha indemnizado. En otros casos, aunque judicialmente han obtenido sentencias a favor, éstas no se han cumplido. Los propietarios afectados plantearon frente al ministro Moratinos y el viceministro Fleming que continúan las invasiones violentas y hasta los casos de amenazas de violación y muerte.

El acuerdo fue firmado al día siguiente, miércoles 29 de julio, en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana, por los ministros de Relaciones Exteriores de España y Venezuela.

Solución para fin de año
La primera reunión de trabajo de la Comisión Mixta se realizará el próximo jueves 13 de agosto y consecutivamente las reuniones se llevarán a cabo cada 15 días. De acuerdo con las palabras del ministro Moratinos, se espera una solución definitiva para finales de año y solicitó a los afectados que si no se tienen resultados lo denuncien. “Si dentro de dos meses no funciona el mecanismo no duden en denunciarlo, no duden en criticarlo. No tenemos el menor interés en ocultar si esto va bien o no. Sean transparentes, sean honestos, sean críticos. No tengo ninguna dificultad, pero sí les pido que confíen en su Gobierno que representa a todos los españoles tanto del territorio nacional como del exterior. Para eso son ustedes españoles como somos todos y tienen que confiar en el gobierno que tiene como obligación defender sus intereses, en este caso sus intereses en Venezuela”.

El ministro Moratinos reconoció públicamente que sabía que no recibía aplausos demasiado entusiastas. Los asistentes a la reunión realizada en el Consulado español no se mostraban muy confiados después de oír el anuncio del establecimiento de una nueva Comisión para estudiar sus expedientes, muchos de los cuales documentan invasiones de tierras que se produjeron en el año 2005.

Algo más animados se sentían después de exponer sus casos particulares, lo que demostró a las autoridades que detrás de cada expediente hay una historia familiar y humana, tal como también lo reconoció el ministro español de Asuntos Exteriores.

El primer afectado en exponer su caso, un catalán jubilado de la Universidad Central de Venezuela, informó, comenzó señalando que tenía sus papeles en regla de acuerdo a la jurisdicción venezolana, aun así sus 5.000 hectáreas de tierras en el estado Apure habían sido expropiadas sin que hasta el momento se le hubiera indemnizado.

Una segunda víctima, abogado de 75 años con tierras invadidas en la población de Guacara (Estado Carabobo) planteó que se instara al Gobierno a congelar las invasiones para evitar que mientras se estén estudiando los expedientes aumente el número de casos. Corroboró que la problemática no solamente la tienen fincas agrícolas y ganaderas, sino también las urbanísticas e industriales. Sugirió igualmente que se incorporen a las conversaciones los alcaldes y gobernadores respectivos que son quienes tienen en última instancia el poder de hacer cumplir las leyes.

Otro de los emigrantes expuso la situación crítica en que se encuentran la mayoría, pues al perder sus tierras se encuentran en pobreza extrema y necesitan que se les den ayudas económicas mientras esperan las indemnizaciones. El representante legal de la Sucesión Bigott indicó que se trata de pérdidas mil millonarias, y no solamente está involucrado en la problemática el Instituto Nacional de Tierras venezolano. “Debería estar en esa Comisión alguien del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social-MINPADES, porque en nuestro caso es el propio Ministerio el que le ha dado recursos a los invasores para consolidarse en los terrenos. Y no importa cuantas sentencias del Tribunal Supremo tengamos a nuestro favor, porque nadie las ejecuta”.

El caso más dramático lo expuso la familia de José Solórzano Calderón, de 83 años, de origen canario y residenciado en los llanos venezolanos. Fueron despojados de su Hato La Vaca y amenazados de muerte.
“Hemos recurrido ante los organismos competentes y no hemos recibido ninguna respuesta. Mis hijos, que solamente saben trabajar la tierra y manejar el ganado, son los que ahora son acusados de invasores, los han amenazado de muerte y una nieta tuvimos que enviarla a Tenerife porque amenazaron con violarla. A nosotros nos quitaron todo, los gobiernos hablan, hacen reuniones, pero no tienen corazón. Nosotros lo que sentimos es un gran dolor y una gran pena.”