Con la creación del deparlamento, el Ejecutivo cumplió la promesa que había realizado en ese sentido y la colectividad logró un objetivo largamente esperado y reclamado por los consejeros de la emigración por ese país. Oficialmente, la Consejería de Trabajo e Inmigración existe desde el 28 de enero de 2009, tras la publicación un día antes del decreto de su creación en el Boletín Oficial del Estado. Pero esta resolución se había aprobado unos días antes en la reunión semanal del Gobierno.
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 26 de diciembre de 2008, previa iniciativa conjunta de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Trabajo e Inmigración y a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, un Real Decreto por el que se crea la Consejería de Trabajo e Inmigración en la República de Uruguay.
El volumen de ciudadanos españoles en Uruguay, el deseo de impulsar el adecuado desarrollo de las relaciones bilaterales hispano-uruguayas en el ámbito laboral y social, así como el deseo de contribuir al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre ambos países, señalaba el Gobierno, hizo necesario reforzar la infraestructura administrativa mediante la creación de la Consejería de Trabajo e Inmigración. La nueva Consejería, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, estará integrada en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Uruguay y tendrá sede en Montevideo.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, manifestó tras la aprobación que esta medida “refuerza la presencia institucional del Ministerio de Trabajo en el país y, por ello, significa una importante mejora en nuestra capacidad de atención y respuesta al colectivo de ciudadanos españoles que viven en la República”. Además, quiso trasladar a los españoles residentes en Uruguay “mi satisfacción por hacer realidad este compromiso que había adquirido con ellos”. “Se trata, sin duda, de un avance muy relevante que viene a poner de manifiesto que la atención de la emigración española en Uruguay constituye una prioridad para el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero”, añadió.
Sin dependencia de Buenos Aires
Consuelo Rumí recalcó que “los españoles residentes en Uruguay deben saber que cuentan con una Consejería propia, ya no dependiente de la de Buenos Aires, y que con ella la Administración dispondrá de mayor autonomía para llegar a cada uno de ellos y prestarles una atención mejor”. Además, “elevamos el rango de la representación del Ministerio de Trabajo en Uruguay, precisamente en el órgano de la Administración que se dedica directamente a la situación del colectivo de ciudadanos españoles, porque queremos atenderles con más eficacia, darles un servicio con todas las posibilidades a nuestro alcance”.
La secretaria de Estado señaló que “este Real Decreto se inscribe en el proceso de reformas y modernización que ha emprendido el Gobierno desde el año 2004 y que se encuentra dirigido a mejorar los instrumentos para la colectividad de ciudadanos españoles en el mundo. El Gobierno cumple un compromiso que había adquirido y, al mismo tiempo, fortalece su presencia en un país donde existe una emigración tan importante como Uruguay”. Por último, en su valoración de diciembre de 2008, quiso dejar claro que Uruguay es “un país que es preferente para el trabajo de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración desde el año 2004, como lo pone de manifiesto que en este tiempo en Uruguay se haya duplicado el numero de beneficiarios de las prestaciones económicas asistenciales, dirigidas a los mayores que necesitan de un apoyo para llevar adelante sus vidas”. “Y en la misma línea -afirmó- cabe inscribir los más de tres millones de euros destinados al Hogar Español en Montevideo lo que ha permitido acometer su ampliación y seguir llevando a cabo las actividades asistenciales”. Rumí declaró que “ahora abordamos una nueva mejora con la creación de la Consejería de Trabajo en Montevideo. Va a ser sin suda una palanca importante para desarrollar una política del Gobierno que quiere atender y prestar apoyo a los ciudadanos españoles que viven en la República de Uruguay”.
La reacción de la colonia
Con gran satisfacción fue recogido en Montevideo el anuncio oficial de Consuelo Rumí de la apertura de la Consejería de Trabajo que atenderá a los emigrantes españoles exclusivamente en Uruguay. Días después de la confirmación de la noticia en las Navidades pasadas, Jorge Torres Cantalapiedra -actual presidente de la Federación de Instituciones Españolas en Uruguay y además desde hace más de un lustro miembro del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) por esta banda del Plata- afirmó sentir “una alegría enorme por esta resolución y sobre todo lo que significa una conquista largamente esperada, por la cual hemos luchado muchos de los miembros del CGCEE en representación de Uruguay”.
Aclaró que esto es “el inicio de una etapa donde podremos, a través de la Consejería, gestionar directamente sin tener que depender de Argentina para las tomas de decisiones, ya sea por recursos para los diferentes programas de ayuda a nuestra colectividad o por temas generales”. Torres culminó señalando que “estoy convencido que para los residentes en Uruguay, así como para las instituciones será sumamente positiva la creación de la Consejería de Trabajo en Uruguay”. Dicho departamento no tenía aún responsable asignado aunque el Ministerio de Trabajo e Inmigración convocaba, mediante la Orden TIN/2093/2009 de 29 de julio publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 1de agosto, la provisión de ese puesto de trabajo por el sistema de libre designación. Ahora, acaba de nombrarse oficialmente a Julio Olmos primer consejero de Trabajo e Inmigración en Uruguay, tal como apuntaba Acogida.
Los objetivos de la institución
Coincidiendo con las principales preocupaciones del Gobierno en materia de emigración, además de la atención sociosanitaria y los programas de ayudas en ese sentido, la Consejería de Trabajo e Inmigración en Uruguay orientará sus prioridades a dos sectores muy en boga: los jóvenes y las mujeres, tal y como explicaba a Acogida el entonces responsable de la Embajada en materia laboral, Julio Olmos. El primer Congreso de Jóvenes Españoles en Uruguay fue un elemento motivador para Olmos, quien se sorprendió por la cantidad y la calidad de la participación y compromiso de los jóvenes, según confesaba a tres meses de realizado. Ahora explica que “conseguir que la igualdad y la no discriminación” de la mujer en las instituciones y centros será el próximo norte de su actuación.
Cuando aún no había sido designado responsable de la Consejería de Trabajo e Inmigración en Uruguay, Julio Olmos era identificado por la colonia como el futuro consejero por la penetración que había logrado en la colectividad española con actuaciones que han destacado tanto como para ser reconocido por el Club Español con el premio Cervantes que entrega todos los años. Fue muy sincera su actitud de acercarse a la mesa de los jóvenes que organizaron junto a él el congreso de marras e inmortalizar el momento ante las cámaras de España Exterior con el mencionado premio.
Ya de vuelta de sus vacaciones, antes de su nombramiento, Olmos nos recibió y reflexionó acerca de este primer encuentro de jóvenes españoles de todo Uruguay, que “fue una respuesta extraordinaria y ello ha permitido también que la Administración dirija sus políticas a este colectivo que durante años ha estado ahí pero que no había sido un objetivo prioritario”. Recordando el contenido del mismo, explicó sobre “las propuestas de los jóvenes” que “en primer lugar, querían ser ellos partícipes de las respuestas de la Administración. Ellos querían formar parte”. Al respecto puntualizó que “en el Congreso ellos decidieron organizarse como asociación, y están dando los pasos para ello, y también decidieron elaborar una lista para el Consejo de Residentes Españoles y en las elecciones que hubo sacaron un resultado muy importante con un representante en el CRE”.
También aclaró que “plantearon –en el Congreso- algunas cuestiones hacia la Administración y hacia las asociaciones y centros de la colectividad aquí. Por parte de la Administración fueron encaminadas sobre todo a ayudas en el ámbito educativo, es decir continuar con la línea de becas para estudio tanto a nivel universitario como primario o secundario, tanto aquí en Uruguay como en España. También ayudas a la formación y ahora vamos a comenzar las prácticas laborales; ya se ha cerrado el plazo para cien pasantías que han funcionado muy bien”, señaló respecto a las inscripciones recibidas.
Los jóvenes echaron a andar
Asimismo aseguró que los jóvenes solicitaron “implicación y participación en las instituciones de la colectividad. Se tienen que abrir para que los jóvenes puedan tener cabida y formar parte en la toma de decisiones de las directivas de los centros y asociaciones”. Y añadió que “ha habido cambios importantes en muchas de estas iniciativas o líneas: se han plasmado en la afiliación que ha habido al Club Español de más de treinta jóvenes, próximamente también se van a acercar al Hogar Español, van a formar parte de la asamblea del Hogar Español, y también de muchos centros que están viendo como se incorporan”.
Consultado acerca de esta participación juvenil, Olmos expresó que ve “positivo que los jóvenes hayan tenido la capacidad para que en el poco tiempo que ha habido desde el Congreso, pudieran conseguir los logros obtenidos. La Administración del Gobierno de España va a estar para ayudarles, pero creo que es positivo que sean ellos los que se dirijan en un futuro a través de la asociación o en la actualidad a través del representante en el CRE, y de los demás representantes porque también son representantes de toda la colectividad y también de los jóvenes” para canalizar y participar en la colectividad española. “Pero también la Administración quiere mantener los programas de jóvenes que ya vienen funcionando desde el año 2007, los programas de mujeres también porque vimos que en el Congreso también se han preocupado de cómo están funcionando esos programas, y en esa línea continuar dando respuesta a lo que se pueda decidir en los siguientes congresos”, aseguró.
Con relación a cuándo se realizaría el próximo congreso de jóvenes, Olmos explicó que “en principio la Administración quiere quedar fuera de la organización del congreso, es decir, que sean los propios jóvenes quienes lo planteen. Yo creo que sería bueno que el segundo fuera en el año 2010, y para ello tendrían que empezar a prepararlo este último trimestre del año, ver las convocatorias de ayuda que hay y ver la organización que le quieren dar”.