Así lo recoge el informe que ha remitido al Gobierno sobre una serie de posibles reformas en la ley electoral (Loreg) y que se dedica en gran parte a analizar la regulación del voto de los españoles en el exterior y del de los extranjeros que viven en España.

Respecto al voto de los españoles que viven fuera del país, el informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que no forman parte de la población del municipio en el que pueden votar ni son vecinos del mismo a cualquier otro efecto que no sea el electoral.

Por ello, apunta que “la decisión del legislador de permitir la participación de los nacionales ausentes en las elecciones locales, resulta, cuando menos, discutible” y, por ello, insta a analizar la situación.

En esa línea, sugiere permitir sólo el voto al elector ausente en un periodo determinado de tiempo desde que abandonó el municipio en cuestión, solución que impediría el voto a los no nacidos en España que nunca hubieran residido en el país.

Otra alternativa es que pierda el derecho a ese sufragio si puede votar en su localidad de residencia en el extranjero.

Además, el informe propone que la LOREG cambie la expresión “residentes ausentes”, que considera “confusa”, por otra como la de “residentes en el exterior” o “ciudadanos ausentes”.

En cuanto al voto de éstos en las elecciones generales, señala que la creación de una circunscripción especial para ellos requeriría una reforma de la Constitución.

La circunscripción única es una de las cuestiones que llevaba el PSOE en su programa electoral y que posteriormente ha planteado en la subcomisión creada en el Congreso para estudiar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). El informe analiza otra serie de cuestiones que podrían reformarse en la ley, y, en su análisis, se decanta por eliminar la prohibición de publicar encuestas en los cinco días inmediatamente anteriores a las elecciones y por examinar con “las máximas cautelas” la posible introducción del voto electrónico.


Serias dudas sobre las ventajas del voto en urna

No es ajeno el Consejo al debate existente sobre el voto en urna de los residentes en el extranjero, aunque subraya la complejidad de esa opción.

Esta decisión explica que implicaría que en cada demarcación consular de los 168 países en los que viven españoles, hubiera 52 urnas para las elecciones al Congreso y otras 59 para las del Senado, amén de millones de papeletas con las candidaturas, por lo que se exigiría una “logística desmesurada”.

También apunta que se podría comprometer el carácter secreto del voto porque podría darse el caso de que en alguna urna podría haber un solo elector.

La alternativa de reducir el número de urnas y emplear sobres en los que se especifique la circunscripción, cree que dificulta el escrutinio y no resuelve la objeción sobre el secreto del voto.

Sin embargo, considera que algunas reservas se solventarían si se permitiera el voto adelantado varios días para remitir los sufragios por valija diplomática, y plantea que esos electores podrían ejercer su derecho en urna el fin de semana y el lunes anteriores a las elecciones y sus votos se contarían en España.

El propio informe señala que el análisis de las ventajas e inconvenientes del voto en urna en el exterior no ofrece un resultado claro.

Desde todas las fuerzas políticas se ha defendido que los emigrantes voten en urna y, con especial hincapié, desde el Parido Popular, sobre todo los meses anteriores a las elecciones gallegas.


La reciprocidad limita enormemente el sufragio de los extranjeros que viven en España

El Consejo de Estado considera que el derecho de sufragio a extranjeros residentes en España en las elecciones municipales (las únicas en las que éstos pueden votar) es “enormemente limitado”, ya que la legislación sólo lo permite cuando el país origen del inmigrante abre esa posibilidad a los españoles residentes en él.

Es decir, tiene que haber reciprocidad, ante lo que el informe advierte que, debido a ello, puede ocurrir que una persona que no disfrute del derecho del voto en su país de origen tampoco pueda tenerlo en España.

Estas y otras apreciaciones llevan al Consejo a invitar a una reflexión sobre el alcance y las posibles interpretaciones de la cláusula de reciprocidad.

Además, considera que se puede valorar la exigencia de un periodo de residencia para permitir ese voto, periodo que apunta que podría ser de en torno a cinco años de forma general y que podría reducirse a dos para los iberoamericanos.