Durante el debate, el senador del grupo socialista Anselmo Pestana ha expresado el rechazo a la iniciativa, ya que, su entender, de ella se trasluce una oposición del PP a la Ley de la Memoria Histórica.

No obstante, el parlamentario socialista ha dejado abierta la posibilidad de estudiar en el futuro la inclusión de otros supuestos, aunque ha subrayado que por el momento sólo pueden acogerse los nietos de los exiliados.

Ha recordado Pestana que la nacionalidad se adquiere a través de la vía paterna o materna, pero en este caso se saltaron esa vía y se ofreció la posibilidad a los nietos porque “cientos de miles de españoles tuvieron que exiliarse -fueran de derechas, de izquierdas, nacionalistas o no- simple y llanamente por tener convicciones democráticas y defender la legalidad”.

Por su parte, la senadora del PP María Jesús Sainz, autora de la iniciativa, ha lamentado la postura de los socialistas, a quienes ha acusado “discriminar por razones políticas” a los españoles que viven en el extranjero.

La moción instaba al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que modificara la regulación de la adquisición de la nacionalidad, ya que la normativa actual sólo permite acceder a la condición de español a los nietos de los exiliados entre el comienzo de la Guerra Civil y hasta diciembre de 1955.

María Jesús Sainz ha pedido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que “se deje de cicaterías” con los emigrantes y ha acusado a los socialistas de mantener un “doble discurso por pregonar la extensión de derechos y la igualdad entre españoles, “cuando en la realidad lo que aplican es la negación de derechos y la discriminación”. Según Sainz “no hay mayor derecho que la ciudadanía y el Partido Socialista hoy se la ha negado a muchos ciudadanos que el Partido Popular considera españoles”.

Así, ha calificado de engaño el anuncio realizado por el propio Zapatero en Buenos Aires, en el que, según ella, prometió un Real Decreto que facilitaría la nacionalidad española para todos los nietos de emigrantes.

“Le fue fácil vender ilusión, pero una vez más la gente recogió desengaño”, ha indicado la senadora antes de resaltar que la normativa actual “va a crear españoles de primera y españoles de segunda en todos los países del mundo”.

Desde las filas de la Entesa, Miquel Bofill ha considerado que con la moción el PP pretendía reabrir el debate de la Ley de la Memoria Histórica y ha instado al grupo proponente a que modifique la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior si es que quiere ampliar derechos a los ciudadanos que están o estuvieron en el extranjero.

Por su parte, Joseba Zubia, del PNV, también ha opinado que el PP pretendía modificar la actual regulación, en tanto que Pere Sampol, del grupo mixto, ha explicado que no le parecía correcto que se utilizara la Ley de Memoria Histórica para extender el derecho a la nacionalidad a otro colectivo.

Petición de comparecencia

Unos días antes de este debate la senadora del PP, Dorinda García, había pedido la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que explique los motivos para limitar los derechos de los nietos de emigrantes con opción a adquirir la nacionalidad española.

García, en rueda de prensa en la sede de la Asociación de Emigrantes Retornados de Asturias, calificó de “fraude político e histórico” la instrucción añadida a la Ley de Memoria Histórica, por la que se limita la opción de solicitar la nacionalidad a los nietos de aquellos que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.


Para los populares esta concesión de la ciudadanía debe perder su carácter extraordinario


Según la senadora María Jesús Sainz, “es de justicia que los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España por las razones o por la fechas que fueran, puedan ahora acceder a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”.

Para la parlamentaria popular, que abogó porque esta concesión de nacionalidad pierda su carácter extraordinario y se convierta en una norma estable contenida en la legislación española, “esta limitación de última hora nos parece innecesaria y sólo induce a confundir la cosas. Quienes tuvieron que pasar en su día por el amargo e injusto trago del exilio, se merecen todo nuestro reconocimiento y, en la medida de lo posible, la reparación histórica de su daño. Pero esta reparación, que es de justicia, no debe mezclarse con lo que, insisto, debe ser un derecho para los descendientes de españoles, incondicionado a fechas o razones de su salida de España”, concluyó la senadora del PP.